En medio de la discusión pública sobre el paquete de reformas impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como el ‘Plan C’, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó un libro que contiene el análisis de cada una de las iniciativas realizado por 41 juristas, economistas y politólogos reconocidos. En su mayoría, las y los académicos advierten que, de aprobarse, el poder se concentraría en la Presidencia de la República.
La obra titulada “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República”, publicada el pasado 13 de junio por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), señala que las propuestas de reformas propuestas por el líder del Ejecutivo involucran la modificación de 53 artículos constitucionales, lo que se traduciría en el mayor número de cambios registrados en la historia de México.
Uno de los análisis que más destacan es el realizado por los investigadores César Astudillo y Javier Reyes, quienes en el capítulo 11 advierte que la iniciativa más impulsada por López Obrador es “regresiva” y ocasionaría “un daño mayúsculo” en México. Se trata de la reforma al Poder Judicial.
Independencia e imparcialidad, en peligro
En esa línea, el órgano de investigaciones humanísticas se dio a la tarea de analizar cada una de las 20 reformas contempladas en el ‘Plan C’, pues advierte que “inciden en la división de poderes y buscan concentra el poder en la Presidencia de la República”.
En su análisis, Astudillo Reyes, reconocido doctor y maestro en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España, señala que la reforma propuesta por López Obrador representa cambios negativos para el Poder Judicial, como el de reducir el número de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a nueve integrantes.
Además de explicar la importancia histórica de la integración del máximo tribunal del país, Astudillo advierte que tener a menos ministros provocará que exista “una carga extenuante y ascendente de asuntos”, así como que todos “se involucren en la deliberación de todos los asuntos”.
“En el corto plazo (esto) daría lugar a un rezago, que hoy en día no existe, porque según el Informe 2023 de la SCJN, en este año nuestro máximo tribunal tuvo 16 mil 405 asuntos ingresados (sic)”.
Respecto a la elección de ministros, magistrados y jueces, que López Obrador propone que sea mediante voto popular, advirtió que esto puede provocar que los perfiles que busquen alguno de estos cargos no tengan conocimientos especializados, sino que tengan alguna cercanía a grupos del poder político.
De aprobarse la iniciativa de reforma constitucional, el daño al Poder Judicial de la Federación será mayúsculo (…) y generará un movimiento pendular para que sus integrantes dejen la posición de independencia e imparcialidad que actualmente tienen garantizada, y se adentren en el campo de la política”, agregó.
Por su parte, Javier Martín Reyes, doctor en Derecho por el IIJ y maestro por la Universidad de Colombia, Nueva York, aseguró que el balance del ‘Plan C’ en el ámbito judicial es “claramente negativo”.
“Se trata de una reforma profundamente regresiva, que más allá de la retórica del presidente López Obrador, simple y sencillamente busca el desmantelamiento y la captura de los poderes judiciales, comenzando por la SCJN”.
De acuerdo con lo declarado por el presidente López Obrador durante la conferencia de prensa matutina del 14 de junio, Morena y sus aliados buscarán analizar y aprobar ésta y otras cinco reformas en el Congreso de la Unión durante septiembre, es decir, mismo mes en el que termina su mandato. El resto de iniciativas serán discutidas durante la administración de su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México.