Redacción
A los trabajadores del Gobierno del
Estado despedidos tras la revocación de sus bases, ya les dieron atole con el dedo. La negociación hecha por sus dirigentes sindicales y la administración, los mantiene fuera de las nóminas y el decreto es inamovible.
Las disque reuniones bipartitas que han tenido este fin de semana, no han cambiado en nada de lo dicho por el flamante consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero, quien ha protegido desde el principio a funcionarios y ex dirigentes corruptos que otorgaron y vendieron bases a diestra y siniestra.
En entrevista con medios de comunicación, ha señalado que, “muchos empleados, eran conscientes de la irregularidad de su situación laboral y ahora se quejan por el despojo de las mismas y la falta de pago. Sin embargo, el gobierno considera que los responsables no solo son los funcionarios corruptos, sino también los empleados que adquirieron dichas bases, quienes actuaron en complicidad con los ex servidores públicos y sindicatos”.
Es decir, están culpando de manera directa a los trabajadores y amenazando en que deben ser responsables de sus actos, “porque se deja abierta la posibilidad de aplicar procedimientos administrativos y penales si se demuestra que hubo conocimiento y complicidad en la obtención de estas plazas”.
Lo que Vásquez Sagrero evitó decir, es que de acuerdo a las presuntas investigaciones, habrá trabajadores que no recibirán ni finiquito, ni pago de nada, además de que ante el decreto que no será abrogado, los poco expedientes que sean revisados y que puedan ser contratados será por honorarios y no para que sean basificados nuevamente.