Regina Gutiérrez
Encarcelado desde febrero del 2022, por su presunta responsabilidad en el enfrentamiento sucedido el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, donde ocho personas perdieron la vida y más de 100 resultaron lesionadas, el ex comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca, Froylán Carlos Cruz, obtuvo el beneficio para llevar su proceso en libertad.
Ante ello, el Comité de Victimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), señaló que Carlos Cruz, acusado de homicidio y lesiones calificadas, fue puesto en libertad de manera ilegal por una Jueza Federal, quien le cambió la medida cautelar, tras establecer que tiene más de 70 años de edad.
“En una evidente violación a los postulados del Código Nacional de Procedimientos Penales la jueza Guadalupe Juárez Hernández, determinó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva porque Froylán Carlos Cruz tiene más de 70 años de edad; esto, contrariando dos resoluciones de jueces federales del mismo centro de justicia, quienes, en el mes de febrero de 2022 y enero de 2023, declararon improcedente el cambio de medida cautelar”.
Mediante un comunicado, tras conocer la resolución final, la organización calificó de “aberrante y fuera de todo contexto legal” la decisión de la juez. “Es evidente la corrupción que impera en el Poder Judicial Federal y que el cambio de medida cautelar al ex comisionado es un mensaje de impunidad hacia las víctimas de Nochixtlán”, subrayaron.
Y es que, pese a que el cambio de medida cautelar, no implica la absolución del ex comisionado, sino únicamente se establece que llevará su proceso en libertad, el Comité de Víctimas señaló que ante la ilegalidad en la que incurrió la juez Juárez Hernández, procederán de manera legal contra la resolución.
“No dudamos que ante el cambio de medida cautelar del ex comisionado de la policía estatal, estuvieron de por medio actos de corrupción y ello solo es muestra de un poder judicial federal putrefacto que no le tiembla la mano para generar más impunidad en casos como los de Nochixtlán”.
Finalmente exigieron al Poder Judicial, el cese inmediato de la jueza Guadalupe Patricia Juárez Hernández y a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación contra ella, por “favorecer de manera ilegal a los intereses de Froylán Carlos Cruz”.