CimacNoticias.- Debido a la salud de su madre, quien sufre una enfermedad mental, Camila, indígena zapoteca proveniente de Oaxaca, quedó al cuidado de su abuelo y tío.
Durante varios años cometieron actos de abuso y violencia sexual contra ella. Ahora con 13 años de edad, se ha dedicado a buscar justicia en diferentes instancias; sin embargo, ha sido ignorada.
Basados en los Registros de lesiones 2010-2023 de la Secretaría de Salud la Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (REDIM), el año pasado se documentaron 9 mil 802 casos de violencia sexual en personas de entre 1 y 17 años de edad.
Son las mujeres las principales víctimas, representando así el 92.3% de estos casos. Durante 2023, en el estado de Oaxaca se documentaron 58 casos de violencia sexual en niñas y adolescentes, de los cuales 12 eran indigenas.
REDIM encontró que las relaciones de parentesco entre la víctima y el agresor son la pareja con 6.5% de casos, conocidos sin parentesco con 19.2%, parientes de la madre o padre con 18.3%, y la figura del padre o padrastro con 13.4%.
Asimismo, los principales sitios donde ocurrió esta violencia fueron la vivienda con 75.2%, la vía pública con 4.1% y la escuela con 2%.
La violencia sexual en niñas y adolescentes no solo afecta a los derechos de una vida libre de violencia, a la salud física y mental, y al sano desarrollo integral; sino que las víctimas también presentan malestar emocional, embarazo no deseado, trastorno del estado de ánimo, trastorno de la ansiedad, depresión, laceración, contusión, infección de transmisión sexual o trastornos psiquiátricos.
Camila y su llamado de justicia
Hace seis meses rompió el silencio sobre lo que sufrió en su casa, pidiendo acompañamiento a la presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Instagram de la Familia (DIF) de su localidad para interponer una denuncia penal contra su abuelo y tío, sus agresores.
Tras un largo caminar y tocar puertas, logró que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca abriera una carpeta de investigación por el delito de violencia sexual; sin embargo, a medio año, los agresores gozan de impunidad y ella fue desplazada de su hogar junto con su madre.
Raquel Díaz Gutiérrez, acompañante de Camila, explicó que conoció el caso a partir de una plática sobre prevención de la violencia sexual infantil que dio en la secundaria a la que asiste la niña.
“Hace tiempo pensaba: han cambiado las cosas, pero la verdad es que no ha cambiado nada porque la misma situación que viví en mi infancia la están viviendo otras niñas y niños (…) Me duele mucho lo que está pasando con la humanidad porque no hemos cambiado para bien, sino para mal”. -Raquel Díaz Gutiérrez
Raquel hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y a las instancias involucradas en garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes para que se garantice la justicia para Camilia y su derecho a vivir una vida libre de violencia.
En junio de este año, Camila participó en una carrera atlética por los derechos de la niñez. Su intención era acercarse a los funcionarios del DIF nacional para exponer su caso, pero no lo logró. Decidida a alcanzar justicia, pidió el acompañamiento de Raquel para presentar una denuncia contra sus dos agresores.
De manera directa Raquel contactó a la procuradora estatal de la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca (Prodenao), Yarib Hernández García y posteriormente, debido a la falta de atención al caso, directamente al fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla.
De esta manera fueron canalizadas al Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum) para abrir una carpeta de investigación. No obstante, le fue imposible seguir el proceso, ya que, al necesitar el acompañamiento de un familiar por ser menor de edad, su madre era la única persona que podía hacerlo, pero por su enfermedad mental fue descartada.
Gracias a un fiscal, le permitieron la apertura de la carpeta de investigación. Tanto Camila como su madre permanecieron en el refugio donde se le realizaron las pruebas psicológicas. Los resultados confirmaron que había sido víctima de violencia sexual durante varios años.
Aún con las pruebas y la denuncia, hasta el momento las autoridades no han procedido en contra de los violentadores quienes además despojaron de su casa a Camila y a su madre, quienes tuvieron que irse a vivir a casa de una de sus tías. La única acción fue una medida cautelar en la que prohíben al tío y al abuelo acercarse a Camila, pero no garantizan su seguridad.
El temor de la directora del DIF es que al término de su labor al frente de esta institución el próximo 31 de diciembre por cambio de gobierno municipal, Camila nuevamente sea víctima de violencia sexual o de una agresión mayor por haber denunciado.