“Si alguien denuncia a funcionarios cercanos al gobernador, ninguna institución investiga”, expresó indignado Jesús Pacheco Arango, quien hace un año demandó penal y administrativamente al titular de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural Oaxaca (Sefader) y a otros funcionarios de alto nivel por prácticas de corrupción en el manejo de un programa social para campesinos.
Jesús Pacheco Arango, excoordinador general del Sefader, asegura ser testigo del desvío de 137 millones de pesos en el organismo, además de señalar casos de moches, pagos a empresas fantasma, aviadores y prestanombres de altos funcionarios de la dependencia oaxaqueña. Lo denunció, con amenazas por parte de uno de los implicados, e incluso ofreció las pruebas a las autoridades, pero la investigación está congelada, relató a ejecentral.
“Pienso si habrá estado bien denunciar o si nada más me eché de enemigo a todo mundo y me metí en problemas (…) Ninguna institución ha hecho nada hasta la fecha. El 27 de noviembre cumple un año de que denuncié y, pues, no se ha logrado nada. Todos los denunciados siguen en sus puestos; no ha habido justicia. Estoy frustrado y, pues, si así está aquí, de seguro así está en todo el país; pareciera que todo el sistema está podrido”, refirió.
De acuerdo con las denuncias, cuya copia tiene este medio, Pacheco Arango acusa de las irregularidades a Víctor López Leyva, secretario de la Sefader; Mario Robles González, subsecretario de Agronegocios, y Eusebio Atanacio Morga Herrera, coordinador de Proyectos del Programa Agronegocios de la dependencia oaxaqueña.
“Yo entré como coordinador general del programa Agronegocios (entre marzo y junio de 2023), dirigido a pequeños productores y campesinos, donde el subsidio puede ser de hasta dos millones de pesos a fondo perdido, o sea, no lo debe regresar el campesino. Lo que comencé a ver es que había proyectos fantasma dentro de la lista oficial de proyectos dictaminados y aprobados. ¿Qué está pasando con esos millones de pesos? Pues que se los estaban quedando, porque realmente los que aprueban esos proyectos son el subsecretario y el secretario”, sostuvo.
Luego de identificar “proyectos fantasma”, afirma que detectó que el subsecretario se benefició con recursos públicos al aprobar dos proyectos cuyos beneficiarios eran sus prestanombres. Además, encontró técnicos que debían hacer trabajo de campo, pero resultaron ser aviadores y personas cercanas al secretario Víctor López Leyva.
“Y el secretario me dijo: ‘No, pues, hazle como quieras. Si quieres, denuncia en otras instancias; de todas formas, yo soy muy amigo del fiscal’. O sea, como diciéndome que no iba a poder hacerles nada”, señaló Pacheco Arango.
Al respecto, relató que Eusebio Morga, coordinador del proyecto, lo amenazó, por lo que también presentó la demanda correspondiente. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca le otorgó medidas de protección por 90 días: “Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido y auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo”.
Empresa fantasma
Pacheco Arango destaca que una de las pruebas más sólidas que tiene es la contratación de una empresa fantasma que supuestamente se encargaba de los servicios profesionales de consultoría para el programa Agronegocios. La firma fue contratada por órdenes del titular de la Sefader mediante adjudicación directa por 29.9 millones de pesos.
Los funcionarios de la Sefader aseguran que Pacheco Arango fue contratado por esa compañía, pero él niega cualquier vínculo con la firma.
“En el currículum de la empresa vienen fotografías y son dos escritorios. Hicieron la fachada, pero realmente esa empresa no ofrece esos servicios. Nadie fue contratado por una empresa; todos fuimos contratados directamente por el director de la Secretaría, el señor Adalberto García Pérez, a quien también denuncié. Yo empecé a sospechar porque mis pagos no me los hacían en la Secretaría, sino en un domicilio particular, sin recibos, en efectivo”, explicó.
Pacheco Arango tiene un acuerdo fechado el 20 de febrero de 2023 en el que se justifica la adjudicación directa a la empresa. La Secretaría se basa en la fracción X del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones de Oaxaca, la cual permite la excepción de la licitación pública cuando “se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones cuya difusión pudiera afectar el interés público o comprometer información de naturaleza confidencial para el estado”.
Vueltas y más vueltas
El oaxaqueño ha denunciado ante la Secretaría de Honestidad del estado, la Fiscalía estatal, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e, incluso, envió una carta al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Afirma que sólo lo traen “dando vueltas y vueltas”.
“La Secretaría de la Función Pública me remitió otra vez a la Secretaría de Honestidad de mi estado y, pues, básicamente no hicieron nada (…). En la ASF es un trámite muy, muy engorroso y me han regresado tres veces mi denuncia para hacerle correcciones. Supuestamente no es obligatorio ir personalmente, se puede hacer por la página de internet, pero esa no funciona; no te deja subir las pruebas”, indicó.
La última instancia a la que recurrirá será la Fiscalía General de la República, pero teme que lo remitan de nuevo a su estado, dejando en la impunidad los presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios, quienes, aseguró, son cercanos al gobernador de Oaxaca, el morenista Salomón Jara.
El dato: Al menos 137 millones de pesos fueron desviados en el Sefader. También reportan moches y pagos a empresas fantasma.
Con información de Eje Central