Redacción
La corrupción que impera en la administración de la “primavera oaxaqueña”, alcanza ahora diversos puestos federales, con los que están coludidos para realizar negocios que les dejan jugosos beneficios, además de puestos claves con los que manejan a su antojo la situación que vive el estado.
Uno de ellos es el Tribunal Superior de Justicia del Estado de #Oaxaca (TSJO), donde a través de la magistrada presidenta, Berenice Ramírez Jiménez, han manejado a su antojo diversos casos que les conviene tener en las manos, y a la cual ahora protegen y apoyan para que siga en esta institución que debería impartir justicia de manera imparcial.
Sin embargo, con la nueva modalidad de elección de jueces y magistrados, Berenice Ramírez Jiménez, busca permanecer en el poder y hace campaña para ser elegida como Magistrada de Circuito, pero fuentes cercanas al TSJO la señalan de corrupción al coaccionar el voto en diversos puntos de la capital, regalando despensas y otros artículos, que a todas luces es un delito federal.
Lo grave de la situación, es que testigos relacionan a la aún presidenta del TSJO, con grupos de la delincuencia organizada quienes estarían “patrocinando” su campaña, para posteriormente poder cobrarse los favores, acrecentando el estado de impunidad que ya impera en todo Oaxaca.
Por otro lado, bajo el mismo esquema de corrupción, su esposo Juvenal Carbajal Díaz, compite para el Comité de Disciplina Judicial, así que, teniendo estos dos cargos, tendrían control absoluto del poder judicial local y federal, situación que no solo los beneficiaría a ellos, sino a los intereses de la “primavera oaxaqueña”, encabezada por el resentido Salomón Jara Cruz.
Uno de los casos más emblemáticos de la confabulación entre el Gobierno del Estado y el TSJO, de la mano de Berenice Ramírez, es la liberación de Lizbeth Victoria Huerta, cuyo caso quedó sin una explicación clara, ya que hasta el momento no se ha dado con el paradero de la víctima, Claudia Uruchurtu, pese a todos los indicios existentes de su desaparición forzada.
Asimismo, de forma estratégica colocó a su ahijado de nombre Manuel Alejandro Mota Lara, como vicefiscal de la Costa, quien fue presuntamente el que ordenó que los jóvenes tlaxcaltecas fueran entregados al crimen organizado y para ello dio instrucciones a un Agente Estatal de Investigaciones y otro Ministerio Público, quienes son los únicos detenidos sacrificados por el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla.
Señalan que otro número importante de votos los obtendrá a través de Emilio Montero Pérez, también cabeza de un grupo de la delincuencia organizada en el Istmo de Tehuantepec, cuyos operadores son Jorge Santiago Villalobos y Arturo Gopar Palau, este último realizó recientemente ostentosa boda, financiada con dinero proveniente del crimen organizado, y en cuya fiesta estuvieron presentes Bernardo Rodríguez Alamilla, Berenice Ramírez Jiménez y Juvenal Carbajal.
Finalmente, señalan que pese a las diversas denuncias que ya se han interpuesto en la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos electorales, hasta ahora no se ha ejercido ninguna acción contra la controvertida funcionaria.