Redacción
A pesar de que recientemente la Suprema Corte despenalizó el aborto en todo el país, hacen falta más acciones concretas y políticas públicas que permitan a las mujeres, tener el acceso a este derecho, sin ser juzgadas.
En Oaxaca, organizaciones y activistas de Derechos Humanos han evidenciado que, a cuatro años de su despenalización, aún persisten diversas barreras en los servicios e instituciones públicas, como la falta de información, la escasez de medicamentos y sobre todo la falta de presupuesto para ejecutar los programas.
Al conmemorarse este 28 de septiembre, el “Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, casi en todos los estados del país se realizaron marchas, manifestaciones y otras acciones para, visibilizar y denunciar la falta de mecanismos que garanticen un aborto informado, seguro y gratuito.
A través un comunicado de prensa, diversas organizaciones, colectivos y activistas oaxaqueñas, denunciaron que “en teoría, el acceso a la interrupción legal del embarazo es un derecho fundamental en muchos países y en nuestro estado, diseñado para respaldar la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar sobre su salud reproductiva.
“Sin embargo, en la práctica, persisten una serie de obstáculos y dilaciones que hacen que este derecho sea inaccesible. Lamentablemente, en Oaxaca, nos enfrentamos a una serie de desafíos que ponen en peligro este derecho esencial”.
También señalaron que quienes buscan acceder a una interrupción legal del embarazo, son sometidas a tratos denigrantes y prejuicios, por falta de empatía y conocimientos del personal de salud, aunado a esto la falta de suministros y medicamentos.
En la Agenda de Derechos Humanos, un documento que detalla la situación sobre los derechos humanos de mujeres, niñez-adolescencia, migrantes, comunidad LGBTTI en Oaxaca, se recomendó garantizar de manera urgente “el acceso a los servicios de salud, especialmente sexuales y reproductivos en todo el estado, sobre todo en zonas rurales y de difícil acceso, con pertinencia cultural y lingüística”. Dicho documento fue entregado en mayo del presente año a las autoridades estatales.