La Cámara de Diputados y el Senado de la República difundieron los nombres de los 26 candidatos a juzgadores que impugnaron con el propósito de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anule su candidatura por beneficiar con sentencias a delincuentes, por estar imputados en delitos de delincuencia o abuso sexual, y en ocho casos, por no tener promedio mínimo de 8 en la licenciatura de derecho.
Algunos de los nombres coinciden con los que también ha denunciado la organización Defensorxs por tener vínculos con la delincuencia o el narcotráfico.
Las cámaras del Congreso impugnaron a Fernando Escamilla, candidato a juez de Distrito en Materia Penal del Tercer Circuito, por haber sido defensor del narcotraficante y exlíder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales.
Igualmente, se impugnó a Jesús Humberto Padilla Briones, candidato a juez en Materia Penal del Estado de Nuevo León, por haber sido puesto a disposición por portación de arma de fuego y delitos contra la salud.
También a la jueza en funciones, Diana Montserrat Partida Aramburo, candidata a Juez de Distrito en Materia Penal del Sexto Circuito, por haber ordenado la libertad de Marcelino Ticante Castro, “El Fantasma”, presunto jefe de seguridad de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
En su momento, la jueza dijo que Ticante solicitó la libertad anticipada, un beneficio que tienen todas las personas presas y que está establecido en el Artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
También se impugnó la candidatura del juez en funciones y candidato a juez de distrito en materia penal, Julio Veredín Sena, porque en el 2019 otorgó una suspensión que impidió la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara.
Otro de los impugnados es el juez en funciones Aníbal Castro Borbón, quien en septiembre del 2024 dictó sentencia absolutoria a un delincuente conocido como Isidro “N”.
De igual modo, la candidatura a juez de Conrado Alcalá Romo, quien en 2023 dejó sin efecto un auto de formal prisión y ordenó reponer el procedimiento en contra de Héctor Palma Salazar, alias “El Güero Palma”, fundador del Cártel de Sinaloa.
Asimismo, el Congreso pidió la anulación de la candidatura a juez federal de Enrique Hernández Miranda, por omitir imponer medidas cautelares en 2024 contra Juvenal Jiménez, alias “El Padrino”, líder de una red internacional de trata de personas.
Además, se impugnó la candidatura a magistrado de distrito de Francisco Herrera Franco, apodado como “El fiscal del terror”, por estar vinculado con la delincuencia y con el asesinato de dos periodistas en Michoacán: Roberto Toledo y Armando Linares.
También se pidió la anulación de la candidatura a magistrado de Francisco Martín Hernández Zaragoza, por tener una acusación en 2015, ya siendo juez de distrito, por acosar sexualmente a una trabajadora.
Paralelamente se pidió la anulación de la candidatura a magistrado de Edgar Agustín Rodríguez Beiza, por haber sido imputado en un caso de abuso sexual de una alumna.
En una denuncia que también hizo Defensorxs, el Poder Legislativo pidió anular la candidatura de Andrés Montoya García, candidato a magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito, por su vinculación con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, ocurrida el 2 de abril de 2005.
Igualmente, como lo acusó Defensorxs, el Poder Legislativo pidió al TEPJF la anulación de la candidatura de Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a Juez de Distrito en Materia Mixta para el Estado de Durango, quien estuvo casi seis años en prisión en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina.
El Poder Legislativo consideró que no cumple con el requisito de buena reputación, al igual que el resto de los impugnados.
El Senado y la Cámara de Diputados pidieron anular la candidatura de Marco Angel Antonio Villegas Cortés, para juez federal en materia Mixta de Veracruz, por estar implicado en una carpeta de investigación por amenazas y lesiones en contra de una mujer.
Asimismo, pidieron retirar la candidatura al juez Noel Castro Melgar, por estar imputado en una investigación por hostigamiento y cobrar “moches” a sus colaboradores.
También la candidatura a magistrado en material laboral en Puebla de Alejandro Tlacuahuac Zitlalpopoca, al estar imputado una carpeta por abuso sexual.
De igual modo, para Arturo César Morales Ramírez, candidato a magistrado en la Ciudad de México, por estar imputado por el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud, en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/050/2007.
Finalmente, las dos cámaras del Congreso pidieron la anulación de candidatura a jueces y magistrados federales de Arturo Manuel Fernández Abundis; Elva Regina Jiménez Castillo; Juan Hernández Rodríguez; Raúl Miguel Gaspar Pech Marinez; Joaquín Flores Ruiz, Porfirio Aldana Mota; Alejandra Ramírez de la Vega y Mario Alberto Parada Cerón, todos por cumplir con el requisito constitucional de contar con un promedio mínimo de 8 en la licenciatura de derecho.
Aunque el TEPJF anulara estas candidaturas, los nombres de las personas aparecerán en las boletas que recibirán los ciudadanos el 1 de junio, ya que estas ya fueron impresas y no hay margen para hacer cambios, según ha determinado el Instituto Nacional Electoral.