Redacción
Luego de darse a conocer los jugosos negocios que hace la titular del Poder Judicial del Estado, Berenice Ramírez Jiménez, con algunos casos “especiales”, más denuncias han salido a relucir, que exhiben la corrupción que existe en esta dependencia que está muy lejos de ejercer la justicia.
Esta vez, son amigos y familiares de Jaziel H. M., internado en el penal de Etla, acusado por presunta violencia familia, y a quien dos exjueces, familiares de la presunta víctima, valiéndose de la amistad con otros juzgadores, solicitaron medidas de prisión preventiva carcelaria que lo tiene encerrado desde hace más de tres meses.
De acuerdo a sus dichos, los exfuncionarios Juana Rosa Corte Silva y su esposo, Víctor Manuel Martínez Silva, “lograron a través del Fiscal General de Justicia del Estado y de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, mantener a Jaziel en prisión, debido a las influencias que aún tienen entre jueces amigos”.
Señalaron de manera directa al juez Pablo Escobar García, amigo íntimo de Víctor Manuel Martínez Silva, quien le negó la posibilidad de seguir su proceso en libertad, pese a que hace algunos días la presidenta del Poder Judicial, Berenice Ramírez, habría dicho que esa solicitud era un derecho, cuando fue cuestionada por haber beneficiado al extitular de Sinfra, Javier Lazcano Vargas.
“La amistad entre estos exfuncionarios es evidente y no la esconden, a nuestro entender, eso constituye un conflicto de intereses. Si así están las influencias no podemos esperar otra cosa ahora que se elijan jueces por la vía popular”, acusaron.
Los amigos del imputado refirieron que la reclusión de Jaziel H.M., fue por una acusación de violencia intrafamiliar, en la cual no existieron las suficientes pruebas para el cargo, sin embargo, tras una “negociación” con los jueces fue detenido con inculpaciones falsas.
“Lo único que pedimos es que la justicia sea pareja y no se utilicen influencias para favorecer a una parte querellante. De ser necesario iremos a los órganos de derechos humanos y a otras instancias civiles que exigen una justicia sin influyentismo”, subrayaron.
Sostuvieron que los jueces y ministerios públicos están actuando por consigna, pues los exfuncionarios presumen que cada que va a haber audiencia de este caso, ellos hablan con el Fiscal General y la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia para que este no avance conforme a la ley.