Giselle Melchor
En el Congreso de Oaxaca se presentó una iniciativa que busca proteger el atuendo tradicional de las mujeres de San Pablo Tijaltepec, en la región Mixteca. La propuesta, liderada por el diputado Israel López Sánchez, plantea declarar estas prendas como Patrimonio Cultural Material e Inmaterial del Estado, con el argumento de salvaguardar los conocimientos y técnicas ancestrales frente a la apropiación cultural y los abusos económicos hacia las artesanas.
Aunque el discurso parece loable, una mirada más profunda revela contradicciones que exponen una falsa moral por parte de quienes pregonan esta defensa. Paradójicamente, las principales consumidoras de estas prendas, cuyos precios han alcanzado niveles exorbitantes, son funcionarias públicas de la “Primavera Oaxaqueña”, quienes han adoptado estas vestimentas como una herramienta de posicionamiento político, siguiendo el ejemplo de la ex primera dama Ivette Morán de Murat. Estas figuras convierten el atuendo tradicional en un símbolo de moda elitista, alejándolo de su origen comunitario y cultural.
Por otro lado, las marcas internacionales no son los únicos actores que lucran con el patrimonio cultural. Las redes de intermediarios que pagan precios injustos a las artesanas locales, muchas de las cuales son mujeres mayores con barreras lingüísticas y sin acceso a la alfabetización, perpetúan la explotación. Resulta irónico que mientras se condena a empresas extranjeras, se toleren prácticas abusivas dentro del propio estado, una realidad que evidencia el abandono y la marginación estructural de estas comunidades.
La propuesta legislativa también presenta un vacío práctico. Si bien busca “proteger” la identidad y la técnica de las bordadoras, no se establece un plan claro para garantizar una remuneración justa o una distribución equitativa de los beneficios económicos. En lugar de dignificar el trabajo artesanal, podría reforzar una narrativa centralista que sigue dejando a las comunidades a merced de un sistema que prioriza el lucro sobre el respeto.
Mientras las bordadoras y tejedoras de San Pablo Tijaltepec asistieron al Congreso con la esperanza de justicia, las palabras del diputado López Sánchez –“ni un paso atrás en la defensa de nuestras comunidades”– sonaron huecas frente a una realidad donde las políticas públicas rara vez trascienden del discurso al beneficio tangible.
La defensa del patrimonio cultural no debería limitarse a una declaración simbólica o al oportunismo político. Se necesita una estrategia integral que incluya educación, comercio justo y un verdadero empoderamiento de las comunidades. Hasta entonces, iniciativas como esta seguirán siendo un recordatorio incómodo de la hipocresía de la 4T oaxaqueña.