Redacción
Aunque deberían permanecer imparciales por la investidura que representan, además porque fueron señalados por la presunta víctima por la corrupción que impera en esta administración, el gobernador Salomón Jara Cruz y el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, se pronunciaron torpemente por la resolución en el caso de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.
“La terrible absolución y liberación de Juan Antonio Vera Carrizal, es una muestra más de la corrupción y putrefacción del Poder Judicial. Condeno enérgicamente el fallo de un juez criminal y cómplice del victimario, que lastima a la justicia y a todas las víctimas de la violencia feminicida. Es hora de reformar el Poder Judicial para que en Oaxaca no prevalezca la impunidad”, escribió Jara Cruz en sus redes sociales.
Sin embargo, los cibernautas contestaron su publicación, tachándolo de “oportunista”, ya que protege y mantiene en su gabinete, a violentadores como Donato Vargas, quien ha sido acusado en reiteradas ocasiones, sin que hasta el momento sea destituido de su cargo, ni se le haya fincado responsabilidad alguna.
Por su parte, sin medir las consecuencias de sus palabras ni la responsabilidad que tenía en el caso, el Fiscal “condenó enérgicamente” la “absurda”, dijo, resolución emitida por el juez José Gabriel Ramírez Montaño.
“La determinación es una flagrante violación al derecho a la justicia de la víctima y deja un precedente de impunidad en nuestra entidad, que cuestiona el actuar del Poder Judicial en su deber de garantizar el acceso de todas las mujeres víctimas a gozar de justicia, verdad y reparación.
“Desde la Fiscalía realizaremos todas las acciones jurídicas para contravenir esta determinación”, lanzó en un escueto boletín, donde también cibernautas, dejaron ver la falta de trabajo de esta dependencia, ante el creciente número de feminicidios que, hasta la fecha, no ha podido resolver.
Otros funcionarios también expresaron su “inconformidad”, pese a que nunca se acercaron a informarse del caso.