El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata, propuso confirmar diversas multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), a Morena, por giras, espectaculares y propaganda no reportados por parte de las llamadas “corcholatas”.
En un proyecto de resolución, que será discutido en sesión de la Sala Superior el próximo miércoles, el magistrado argumentó que, ante lo extraordinario de los procesos internos de los partidos políticos, fue correcto que el INE usara la lista de precios del último proceso electoral federal (2020-2021) para calcular el valor de los gastos no reportados por Morena y sus exaspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal.
Lo anterior, por ser la lista más completa a su alcance, ya que tenía información de precios de todo el país. Además, en esa lista de precios, el INE actualizó los costos en relación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
De aprobarse el proyecto, se ratificarían las siguientes multas a Morena por 20 millones 269 mil 634.42 pesos por eventos no reportados; 37 millones 409 mil 282.18 pesos por espectaculares no reportados; un millón 82 mil 166.80 pesos por gastos de transporte no reportado, y 2 millones 769 mil 66.39 pesos por concepto de gastos menores.
El proyecto del magistrado Felipe de la Mata expuso que se le realizarán múltiples observaciones a Morena, las cuales no constituyeron una práctica para entorpecer su defensa; pues se hicieron para garantizar su derecho de defensa, y que pudiera expresar al INE sus consideraciones antes de que se le impusiera alguna sanción.
Destacó que, el que se emitieran normas para fiscalizar este proceso político no significó que a Morena se le aplicaran normas nuevas que no fueron previstas antes de ese proceso, pues los partidos siempre han tenido la obligación de reportar todos sus ingresos y gastos, por lo que no existieron nuevas obligaciones.
Finalmente, consideró que Morena no tiene razón cuando señala que diversas sanciones fueron ilegales porque se le sancionó por propaganda que no estaba relacionada directamente con su proceso político.
Al respecto, el magistrado estableció en su proyecto que el INE sí explicó las razones por las que consideró que la propaganda en la que se difundió la imagen, nombre, lema o emblema de personas que participaban en ese proceso, generaron beneficios que debían ser contabilizados.
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