Redacción
Los claros negocios que representan los usos y costumbres para el Gobierno del Estado, tienen a un indígena mixe encerrado en los separos municipales de San Lucas Camotlán, desde hace 15 días, sin dar a conocer el motivo por el que lo tienen privado de su libertad o sin que haya sido consignado a las autoridades estatales.
El contubernio entre el titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), Jesús Romero y el coordinador de los presuntos delegados de Paz, el violentador Donato Vargas Jiménez, ha provocado que Amador Jiménez, quien fungía como edil de esta comunidad, haya sido encerrado de manera arbitraria.
Azuzando a los también indígenas mixes Florencio Domínguez y José Castañeda Godínez, síndico municipal y secretario municipal respectivamente, Vargas Jiménez pretende imponer en este municipio una autoridad “a modo”, para poder disponer de los recursos que les corresponden, asociado con su primo el diputado Pablo Díaz, quien es un adorno en el Congreso del Estado.
Cabe señalar que el presidente municipal tiene medidas cautelares dictadas a su favor, por parte del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, donde la Sego no intervino para que se cumplieran como dice ese organismo judicial, sino al contrario, avaló lo que presuntamente decidió la población, permitiendo la violación a sus derechos humanos y a sus garantías individuales.
Pese a la gravedad de la situación, la “primavera oaxaqueña” prefiere salvaguardar sus intereses a realmente velar por la integridad de las comunidades como repite Salomón Jara en sus discursos, asimismo la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO) que es una dependencia acéfala totalmente.