Redacción
A nivel nacional Oaxaca es un estado sin ley. Las autoridades en turno están sobre la constitución y sobre los preceptos legales de toda índole, no solo no saben hacer su trabajo, sino que pasan encima de quien sea para lograr sus objetivos, aunque estos lesionen los derechos humanos y dejen en total desprotección a inocentes.
La mala atención por parte de los servidores públicos de la Secretaría de Gobierno (Sego), tiene a decenas de familias siendo violentadas y amenazadas por la intolerancia religiosa, de iletradas autoridades de Cerro Cajón perteneciente a San Isidro Arenal, en el municipio de San Juan Lalana, región de la Cuenca.
Y es que, de acuerdo a testigos, nada se puede arreglar, desde que el titular de la Sego, Jesús Romero López, colocó a sus compañeros porros de la UABJO, en puestos claves, como a Edwin Espíndola Martínez, quien es el titular de Asuntos Religiosos y quien lejos de solucionar, ha empeorado los casos que se le han designado.
Desde la llegada de la “primavera oaxaqueña”, los asuntos de conflictos agrarios y de intolerancia religiosa se han agravado de manera alarmante, tanto que hay desplazamiento forzado, violación a los derechos humanos, daños en propiedad ajena y asesinatos, los más recientes en San Juan Lalana.
Ante ello, la Confraternidad de Pastores de Oaxaca denunciaron este jueves, que la atención de la Sego fue condicionada a que ya no se mencionara nada en redes sociales, para que pudieran brindarles la atención, es decir, que como siempre, quieren tapar el sol con un dedo, ante la ineficiencia y la falta de oficio.