Mientras que la organización civil Educación con Rumbo afirmó que la prueba PISA será aplicada este año por una orden judicial, el gobierno federal aseguró que la evaluación se realizará por iniciativa propia en el sistema educativo.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional se retomó esta semana el tema de la evaluación a nivel nacional de los estudiantes en materias como Matemáticas, Lectura y Ciencias, donde se rechazó que la Secretaria de Educación Pública (SEP) haya sido obligada por un juez a realizar el estudio.
Esta polémica tiene su origen desde el año pasado cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señalara en una carta publicada en abril que México no había cumplido con los requisitos para participar en la evaluación de 2025 y cuyos preparativos se habían suspendido.
En respuesta, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país sí aplicaría la prueba, pero no aclaró los señalamientos.
Diez meses después, este martes 11 de marzo, en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentó Mario Delgado, titular de la SEP, para anunciar la decisión del gobierno federal de participar en la prueba y aseguró que en octubre de 2024 se había realizado una prueba piloto a 2 mil 263 estudiantes de tres estados, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala.
Tras esta declaración, la organización civil Educación con Rumbo aseguró en un comunicado que la decisión de mantener la prueba PISA había sido resultado de una orden judicial emitida en el último trimestre de 2024.
Educación con Rumbo promovió un amparo para garantizar la aplicación de la prueba PISA, así como una prueba piloto programa para octubre de 2024.
Miguel Ángel Ortiz Gómez, abogado constitucionalista, afirmó que la decisión del Ejecutivo de continuar con la evaluación es “una señal alentadora a fin de que la presente administración privilegie el derecho humano a la educación privilegiando el interés superior de los niños y garantizar la mejora continua de la educación”.
La prueba PISA se aplica cada tres años, la cual correspondía aplicarse en 2021, pero a raíz de las afectaciones por la pandemia de Covid-19, en México se realizó en 2022, en cuyos resultados el país obtuvo un promedio de 29 puntos, al igual que países como Serbia, Uruguay y la República Eslovaca; el promedio general en la evaluación fue de 33 puntos.
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