Estados Unidos está intensificando la presión sobre México al preparar una lista de políticos mexicanos sujetos a restricciones de visa. Esto representa una potencial escalada significativa en las acciones de las autoridades estadounidenses contra figuras destacadas en el país vecino. El motivo detrás de estas medidas son los presuntos vínculos de estos políticos con la corrupción derivada del narcotráfico.
¿Quiénes podrían estar en la “lista negra” de EE.UU.?
La lista que prepara Estados Unidos incluye a varias figuras relevantes de la política mexicana. Entre ellos, se encuentran:
–Líderes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum.
–Varios gobernadores estatales.
–Políticos cercanos al predecesor de Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta lista está basada en figuras políticas identificadas por agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses como vinculadas al narcotráfico. Funcionarios estadounidenses, bajo condición de anonimato, confirmaron la existencia de esta lista.
Casos conocidos de restricciones de viaje
Hasta el momento, dos figuras políticas mexicanas han reconocido públicamente que se les ha prohibido viajar a Estados Unidos.
Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California: ella confirmó que junto a su esposo, un exdiputado de Morena, se les revocaron las visas estadounidenses. La política explicó que la razón fue “una situación” relacionada con su cónyuge. A pesar de la revocación, la gobernadora afirmó que “el hecho de que el Departamento de Estado haya cancelado mi visa no significa que haya cometido algo malo”. El gobierno de Sheinbaum solicitó una explicación a las autoridades estadounidenses sobre este caso, pero le respondieron que son temas privados y no ofrecieron más información.
Reportes en otros estados: medios mexicanos han reportado que las autoridades migratorias de Estados Unidos también revocaron la visa del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Sin embargo, su portavoz calificó esta afirmación como “no confirmada”. Villarreal ha negado repetidamente acusaciones de tener vínculos con el narcotráfico.
El alcalde de Matamoros, en Tamaulipas, también fue impedido de cruzar la frontera hacia Brownsville, Texas, aunque él negó que le quitaran oficialmente su visa.
Funcionarios estadounidenses esperan que más mexicanos sean objeto de estas restricciones en el futuro.
Más allá de las visas: las posibles sanciones económicas que podría imponer EE.UU.
Las acciones de Estados Unidos no se limitarían solo a las restricciones de viaje o cancelación de visas. Tres funcionarios de la Administración han señalado que, en algunos casos, estas revocaciones de visas podrían ir acompañadas de sanciones del Departamento del Tesoro.
Estas multas tendrían implicaciones financieras directas, ya que impedirían a los afectados hacer negocios con empresas estadounidenses y congelarían sus activos financieros en el país. Un vocero del Tesoro no quiso hacer comentarios sobre este plan de sanciones.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, ha indicado que no tiene cuentas bancarias en Estados Unidos y que, hasta el momento, no se enfrenta a ninguna sanción económica.
El fundamento legal de las restricciones de Estados Unidos
Estas medidas se están tomando bajo la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta ley establece que un extranjero puede ser considerado inadmisible si el gobierno federal “sabe o tiene razones para creer” que ha colaborado intencionalmente en el tráfico ilícito de drogas.
La ley también permite la cancelación de visas de familiares de la persona sancionada que se hayan beneficiado de las ganancias ilícitas.
Es importante destacar que, según fuentes, la carga de prueba requerida para cancelar visas y aplicar sanciones del Tesoro es considerablemente menor que la necesaria para un juicio penal. Esto ha generado preocupación entre algunos funcionarios actuales y anteriores, quienes señalan que podría llevar a actuar con información insuficiente.
El Departamento de Estado se ha negado a comentar sobre decisiones individuales de visas, amparándose en que los registros de visas son confidenciales, según la ley estadounidense.