Redacción
Procederá legalmente la Fiscalía General de la República (FGR) contra un juez y los magistrados que negaron la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito, en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Se trata del juez Gerardo Genaro Alarcón, quien inicialmente negó el mandamiento judicial, y los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, quienes confirmaron esa resolución y que según la Fiscalía, actuaron en contra de la administración de la justicia.
La FGR detalló que inicialmente se obtuvo la orden de aprehensión contra el ex mando policial porque se le encontró un ingreso injustificado de más de 43 millones de pesos, cuando era servidor público entre el 2000 y 2012, pero esto no consta en sus declaraciones patrimoniales y fiscales y fue confirmado por diligencias periciales contables.
“Ahora, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, resolvió que se niega el mandamiento judicial obtenido. Lo anterior, aun cuando con los datos de prueba proporcionados a la autoridad jurisdiccional, está demostrado que su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos, lo que violenta los principios de legalidad y el debido proceso”, señaló la fiscalía.
De acuerdo con la institución, los magistrados violentaron el artículo 224 del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos, que establecía: “Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito.
“Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio, o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.