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    Acusan autoridades de la región Mixe a titular de la Sego, Jesús Romero, de azuzar violencia en la zona

    Redacción

    Autoridades de las comunidades indígenas mixes de Santa María Puxmetacán, San Juan Otzolotepec, Santa María Matamoros y la cabecera municipal, todas del municipio de San Juan Cotzocón, denunciaron al titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), Jesús Romero López, de ser el instigador de la violencia en la zona.

    Mediante un comunicado emitido este martes, señalaron que en contubernio con el coordinador de Delegados de Paz, Donato Vargas y del diputado Pablo Díaz, Romero López “a toda costa se quiere apoderar de nuestro gobierno municipal, para realizar libremente sus operaciones ilícitas”.

    Sostuvieron que, desde su llegada a la Sego, se han reactivado las extorsiones y movimientos de gente armada en este territorio, todo bajo el amparo del funcionario que, valiéndose del cargo, siembra miedo y zozobra en total impunidad, pues no hay autoridad que le ponga un alto.

    “Debido a que cada año elegimos a nuestra autoridad municipal, Chucho Romero, de nueva cuenta activó todo el aparato de gobierno en contra de las comunidades indígenas mixes, para apoderarse de nuestro gobierno y de los recursos públicos municipales”. Las autoridades señalaron que, apoyado por agentes municipales, agentes de policía y comisariados de bienes comunales de otras poblaciones “a manera de presión política y social, ordenó el bloqueo del único acceso hacia nuestras comunidades, a través de un grupo de personas pagadas y fuertemente armadas, dejándonos completamente incomunicados y sin energía eléctrica”.

    Subrayaron que tal situación ocasionó la muerte de un menor de edad, quien falleció por no recibir atención médica inmediata por la enfermedad que padecía, al no poder llegar al hospital más cercano, por lo que demandan poner un alto a los intereses “oscuros” del actual titular de la Sego.

    Ante ello exigieron justicia para el menor Pedro Cayetano López, que se castigue a los autores materiales e intelectuales del bloqueo a sus comunidades y que se instale un operativo militar en la región para frenar la violencia. “Pedimos la renuncia del promotor, orquestador e impulsor de la delincuencia organizada, ‘Charvelín’ no garantiza la gobernabilidad de nuestro municipio y mucho menos del estado”.

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