Redacción
Por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, en perjuicio patrimonial del Gobierno del Estado, la tarde de este martes fue detenido el extitular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), en el sexenio anterior, Javier Lazcano Vargas.
De acuerdo a información emitida por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la orden de aprehensión fue ejecutada luego de diversas investigaciones efectuadas en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (FEMCO), en colaboración con su homóloga de la Ciudad de México.
Establece que ante la causa penal 565/2023, obtenida de las investigaciones efectuadas por la FEMCO, se realizaron pagos indebidos por un monto superior a los 50 millones de pesos para la realización de una obra localizada en la zona de Símbolos Patrios.
Esta se refiere a la ampliación y modernización de la Carretera Troncal 175 (Oaxaca- Puerto Ángel) del Km 1+000 al km 5+300 entronque a nivel con Av. Universidad en km 2+300 y Construcción del Puente sobre Río Salado en el km 2+977.14, en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y San Agustín de las Juntas, inscritos en el Programa 108 de Infraestructura Vial del Estado de Oaxaca.
Luego de realizar las investigaciones correspondientes y presentar las pruebas, el Juez que atiende la causa, libró la orden de aprehensión correspondiente. Tras su detención en la capital del país, el imputado fue trasladado a la entidad oaxaqueña, para resolver su situación jurídica.
Con la detención de Lazcano Vargas, ya son cinco los exfuncionarios de la misma dependencia detenidos por la misma causa, los exsubsecretarios, Manuel Meza Corres y Leopoldo Gilberto López López; el director de Control y Evaluación de Obra Pública, Rubén César Mendoza Hernandez y Alejandro Cristóbal Canseco Antonio, jefe de Infraestructura Urbana y Residente de Obra.
Presuntamente, los imputados provocaron un perjuicio al erario por 51 millones 620 mil 945.70 pesos, al no administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos del contrato de esa obra, ocasionando el perjuicio al patrimonio del Gobierno del Estado.