Redacción
La política que intenta manejar la Secretaría de Gobierno (Sego) a cargo del inexperto Jesús Romero López, es evidente que no funciona, a pesar de sus reiterados discursos de que existe un Oaxaca en paz y que los conflictos agrarios están atendidos.
En conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad que encabeza cada semana, tratando de justificar su ineficiencia, tras la emboscada que sufrieran elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y autoridades de San Miguel El Grande, en la región Mixteca, dijo que en la mayoría de los 23 conflictos que existen a nivel estatal, hay actividades ilícitas.
“Lo tengo que decir, hay tráfico de armas, hay narcotráfico, hay talamontes involucrados que no permiten que de manera sana las comunidades puedan resolver sus conflictos, desde factores externos en la mayoría de estos conflictos de alto riesgo, hay intereses que manipulan”, dijo.
Sostuvo que, por la disputa de 2 mil 300 hectáreas en Llano Guadalupe con Tlaxiaco, que se pelean la tala indiscriminada de árboles, donde perdieron la vida ocho personas fue justificada en un tema de lucha de territorio, cuando hay otro tipo de intereses que están documentados por dependencias de seguridad pública.
Lejos de dar a conocer el trabajo real que realiza la dependencia a su cargo para resolver los conflictos territoriales de la entidad, Romero López, señaló que en muchos de los enfrentamientos que existen en comunidades, hay organizaciones de origen priista, justificando acciones paramilitares.
Añadió que cuando salen a relucir armas en alguna comunidad, es porque “alguien” se las está abasteciendo y si hay conflicto, hay venta. “Detrás de los conflictos hay traficantes de armas, hay siembra de drogas de otros actores, gente que vive del conflicto, por eso a toda costa buscan que estos no se solucionen. Hay hasta abogados que revientan las mesas de diálogo, porque de eso viven”.
Sobre el conflicto de San Miguel El Grande en el que perdieron la vida cinco personas, sostuvo que el crimen de cinco personas y dos de la AEI, es un agravio al estado. “Quien haya sido, va a tener que responder, estamos indignados, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”.