Redacción
Abogados agraristas señalaron que el reciente conflicto entre Santa María Coyotepec y Ánimas Trujano, que derivó en un bloqueo carretero y en el secuestro de trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), no es una situación de índole agraria sino administrativa.
Consultados sobre el tema, establecieron que es una indefinición de límites administrativas entre ambas municipalidades, debido a que la mancha urbana ha crecido y crece sin un orden por parte de las autoridades, además de que nadie quiere hacerse responsable de otorgarles los servicios municipales.
Según los juristas en materia agraria, este conflicto es originado por la negativa del Comisariado de Bienes comunales de Santa María Coyotepec, de reconocer que gran parte del territorio administrativo de Ánimas Trujano, se encuentra inmerso dentro de su territorio agrario.
“Existe una carpeta básica, resoluciones presidenciales y sentencias que han favorecido a Santa María Coyotepec, sin embargo, la autoridad administrativa de esta localidad no ha querido otorgar los servicios municipales a asentamientos que se encuentran en su jurisdicción.
“Ante ello, estos asentamientos que no cuentan con el respaldo de las autoridades administrativas donde se encuentran establecidos territorialmente, van en búsqueda del apoyo de otras autoridades municipales colindantes para que les brinde servicios, porque en este asunto de ambos municipios ya están definidos los puntos delimitantes agrarios, pero no los administrativos”.
Mencionan que un punto interesante en este caso, es que el abogado del núcleo agrario pretendió mezclar lo agrario y lo administrativo para la ejecución de la sentencia que se encuentra sin cumplimiento, ya que le falta mucho por litigar en los órganos jurisdiccionales.
“Además son sentencias inejecutables como lo que ocurre en varios municipios donde existen conflictos agrarios, lo mejor es buscar una solución pacífica y de mutuo consenso para que no se presente conflictos, sobre todo en municipios que se encuentran en la zona conurbada”.
Finalmente resaltaron que cuando el Congreso del Estado otorga las categorías administrativas, en sus decretos no determina la extensión territorial que tiene las agencias de policía, municipal y los municipios, situación que causa los conflictos de índole administrativa entre las comunidades.