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    Dejan sin MP a Jamiltepec; Fiscalía no paga renta y los botan de oficinas

    Redacción

    En la total indefensión deja la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) a comunidades ubicadas en Santiago Jamiltepec, en la región de la Costa, al cambiar las oficinas del Ministerio Público que operaban en este lugar, para trasladarlas a Pinotepa Nacional.

    Mediante un comunicado, abogados litigantes y administrativos que laboraban en este lugar, mostraron su inconformidad, señalando que el inesperado cambio fue ordenado de la noche a la mañana, sin un motivo aparente para que se diera de manera tan drástica. Sin embargo, cometarios extraoficiales señalaron que la dependencia dejó de pagar la renta.

    Señalaron, además, que este cambio de las oficinas ministeriales, “perjudica gravemente a las víctimas de ilícitos cometidos en el territorio de los municipios de Santiago Jamiltepec, Santiago Tetepec, Santiago Ixtayutla, San Lorenzo, Santa Catarina Mechoacán, San Agustín Chayuco y Santa María Huazolotitlán, que son los municipios con sus agencias que atiende esta agencia local del Ministerio Público de Jamiltepec”.

    Mencionaron que eran ellos los más cercanos, a donde acudía la gente de escasos recursos que ha sufrido algún delito, recibiendo sus denuncias y realizando la investigación correspondiente con el auxilio de peritos y de los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), sin que las víctimas y testigos tuvieran que viajar a lugares más alejados para que se les procurara la justicia.

    Establecen que la afectación será muy grave, ya que los habitantes tendrán ahora que trasladarse a Pinotepa Nacional, sin tomar en cuenta que muchos dejarán de realizar denuncias por evitar los gastos, violando sus derechos humanos como víctimas, y de acceso pleno a la jurisdicción del Estado, previstos por los artículos 17, 20 apartado C, y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

    “Y si a eso le agregan que el Ministerio Público cita no sólo una vez, sino varias veces, a las víctimas o sus familiares y testigos, para realizar diversas diligencias, ahora el trámite de denunciar los delitos por parte de la gente humilde de dichos municipios será más costoso y en la realidad se harán nugatorios sus derechos humanos”.

    Estos cambios improvisados, sin un estudio sobre el costo – beneficio para la ciudadanía, traen como consecuencia que se inhiba la acción de denunciar por parte de las víctimas y sus familiares, incrementando la impunidad que prevalece en esta zona.

    Finalmente, los abogados litigantes solicitaron al Gobernador del Estado y al Fiscal General de Justicia del Estado, sean conscientes de las necesidades de los municipios ubicados en la Costa oaxaqueña, y dejen sin efecto la orden de cambiar las oficinas.

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