Redacción
Al conmemorarse seis años de la vigencia de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, familias de personas desaparecidas que han logrado el Sistema Nacional de Búsqueda, señalan que el Gobierno Federal está desmantelando las estructuras creadas para enfrentar esta crisis.
A través de un comunicado, expresaron su preocupación por las acciones emprendidas para restarle importancia a la búsqueda de sus seres queridos. “Durante estos seis años, hemos trabajado con tenacidad, coraje, y a menudo, desesperación, colaborando estrechamente con los para crear y operar las instituciones.
“Sin embargo, nos encontramos ahora en un momento crítico, en una crisis que sigue desgarrando el tejido social, creando incertidumbre, temores de retrocesos y una sensación de desdén hacia las víctimas de desaparición de este país”.
Señalaron que entre las acciones que realiza la federación se encuentra el “censo” carente de transparencia y metodología, un claro intento de debilitar al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, establecido por la Ley General y sostenido por las fiscalías y las comisiones de búsqueda estatales.
“La opacidad gubernamental en esta iniciativa, particularmente en un contexto electoral, sugiere un despropósito: manipular las cifras de desaparecidos, minimizando así la gravedad de la situación”.
Establecieron que la significativa reducción de personal en la Comisión Nacional de Búsqueda, y en el Centro Nacional de Identificación Humana, sin un diagnóstico público y un plan de trabajo claro, demuestra una falta de preparación y visión para el futuro.
“En el contexto de los recientes cambios gubernamentales, es crucial recordar los orígenes de la Ley General, forjada en nuestra incansable lucha y demanda de justicia. Frente a un clima de violencia y criminalidad, y ante la indiferencia y pasividad de las autoridades en establecer mecanismos efectivos de búsqueda e identificación, las familias organizadas nos levantamos para proclamar el principio de ‘¡sin las familias, no!’”.
Finalmente exigieron que los gobiernos federal y locales reafirmen su compromiso con los principios que dieron origen a la Ley General; que frenen el desmantelamiento de las instituciones creadas para tal fin; que mantengan un reconocimiento sin cortapisas de la dimensión de la tragedia que viven.
“Exigimos que el Estado Mexicano detalle claramente su plan de trabajo, con plazos y objetivos definidos, para que juntos podamos trazar un camino claro en el abordaje del fenómeno de las desapariciones”.