Redacción
Autoridades agrarias integrantes del frente “No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos”, denunciaron las acciones poco claras que realiza la Procuraduría Agraria (PA) en Oaxaca, para beneficiar a la minera Fortuna Silver Mines, sin importantes los daños que ocasiona a comunidades aledañas.
Al señalar además un acoso permanente por parte de la empresa para aceptar la “ampliación del proyecto”, establecieron que los ejidos mayormente afectados por esta situación han sido Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes y el Vergel.
“La Procuraduría Agraria, a través de la visitadora Miriam Reyes Carmona y del jefe de Residencia en Miahuatlán, Amaury Fernández Alvarado, han detenido en diversas ocasiones actas de asamblea de nombramiento de autoridades y generado documentación agraria errónea, con el fin de retener los procesos de acreditación e inscripción de actas de nombramiento para favorecer a la minera”.
Establecieron que, en la comunidad de Monte del Toro, la visitadora agraria ha querido dividir al ejido, intentando convencer a las y los ejidatarios en asamblea general de los “beneficios” de la división. De igual forma ha intentado convencer a ejidatarios por separado para generar certeza jurídica para el proyecto minero de oro y plata.
“Estas acciones violentan fehacientemente el Marco Legal de la Procuraduría Agraria, por lo que denunciamos que lejos de promover la defensa de los derechos de las y los ejidatarios, la Visitadora Agraria promueve los intereses de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines”.
Informaron, además, que la empresa minera ha visitado diferentes comunidades y municipios de la región, prometiendo apoyos y bondades del mismo, desacatando la decisión de las comunidades de Valles Centrales que han dicho “Sí a la Vida, No a la Minería”. “Denunciamos también que la problemática del agua se ha recrudecido preocupantemente en los últimos años, así como el impacto generalizado del proyecto en el medio ambiente, principalmente en la emisión de polvo y ruido y afectado la calidad del paisaje de la región”.
Asimismo, explicaron que junto a las afectaciones del proyecto minero, en los últimos meses han sido testigos de la invasión de monocultivos de maguey en la región, profundizando la grave problemática del agua.
“San Matías Chilazoa y Magdalena Ocotlán principalmente, hemos sido invadidos por empresas del mezcal, quienes no acudieron ante las asambleas respectivas para tomar una decisión conjunta, sino que, violentando nuestro derecho a la libre determinación, realizaron convenios con cada ejidatario o ejidataria.
“Las autoridades agrarias de los ejidos nos deslindamos de las afectaciones que puedan generar dichos monocultivos en los territorios y de la ‘certeza’ de la inversión, misma que puede perderse en nuestros territorios al no contar con el consentimiento de las asambleas”.
Finalmente determinaron que no permitirá ninguna división, ya que la cohesión, la unidad y la colectividad del mismo, han permitido el desarrollo de la comunidad, sin ninguna intervención de ningún tipo.