Redacción
Luego de más de 20 años de que la Fábrica Novopan de México, conocida como Triplay, se declarara en quiebra, el Gobierno del Estado de Oaxaca inició los trabajos de expropiación de los terrenos que ocupaban, en un espacio de 11.84 hectáreas, ubicados en inmediaciones de las agencias de San Juan Chapultepec y San Martín Mexicapan.
En un operativo policiaco que fue criticado, ya que estuvo encabezado por Noé Jara, hermano del gobernador Salomón Jara, quien no ostenta ningún carg0 ni tiene ninguna representación en el Gobierno del Estado, las acciones tenían tintes de corrupción y nepotismo, situación que tanto reprocha la “primavera oaxaqueña”.
“Dicha superficie es la suma del área de siete predios, los cuales han tenido una serie de problemas jurídicos, luego de la quiebra de la fábrica. Será un espacio cultural y deportivo, ahí se construirá el Parque Primavera Oaxaqueña”, dijo Jara Cruz al iniciar su conferencia de medios la mañana de este lunes.
Sin embargo, los extrabajadores de la fábrica de triplay, que llevan también más de 20 años en huelga, exigiendo las indemnizaciones por el trabajo realizado en este lugar, señalaron de arbitrario el actuar de Jara Cruz, al no haber tenido algún acercamiento con ellos, antes de intentar desalojarlos.
“Nos agarraron de sorpresa, somos extrabajadores, no somos paracaidistas. No estamos en contra de los proyectos que busquen hacer, pero queremos que nos tomen en cuenta y que nos indemnicen conforme a la ley, porque ya son muchos años los que tenemos luchando por nuestros derechos”, señalaron.
Por su parte, el Consejero Jurídico, señaló que la expropiación del polígono deshabitado, ubicado entre la carretera a Monte Albán y Riberas del Rio Atoyac, se realizó a través de un expediente para obtener los datos registrales de los predios, muchos de los cuales se encuentran en problemas de litigios.
Informó que el Instituto de la Función Registral y Catastro, ya externaron los expedientes sobre propietarios que se encuentran inscritos, así como las cédulas y los avalúos que tiene cada uno de los predios, para poder establecer la indemnización a la que tendrían derecho quien acredite la propiedad de los mismos, para lo cual se cuentan con más de 50 millones de pesos.
Finalmente estableció que el proyecto en estos terrenos, el cual se realizó de manera conjunta con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), tendrá un costo de más de 260 millones de pesos.