Redacción
Propietarios de terrenos ubicados en la Ex Hacienda de Aguilera, ahora conocida como los lotes de arriba del Cerro del Crestón, denunciaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por invadir terrenos que son propiedad privada, para la instalación de las antenas del Centro de Control Comando y Comunicación C4.
De acuerdo a los inconformes, quienes cuentan con la documentación que los acredita como los propietarios de los terrenos, desde el 2010, quienes en ese momento se encontraban como funcionarios de la dependencia, invadieron la zona colocando bases de concreto y metálicas, sin solicitar permisos, ni realizar algún tipo de renta con los dueños de los terrenos.
“Por una situación familiar, fue hasta el 2018 cuando pudimos tomar cartas en el asunto y solicitamos una mesa de negociación con funcionarios en ese entonces, sin embargo, no se avanzó gran cosa porque el área jurídica nos bloqueó e incluso hicieron perdedizo el archivo dos veces”, señalaron familiares de Cristina Cervantes Martínez, una de las propietarias.
Sostuvieron que, con este nuevo Gobierno, tuvieron que establecer otra solicitud para que se les brindara una solución a la problemática, ya que han intentado vender sus terrenos varias veces, pero por la invasión que tiene la SSPC en su posesión, no se han podido concretar.
“Nos reunimos con Secretaría de Gobierno, C4 y con personal de la SSPC, quienes en un principio se buscada acordar una renta por los espacios que ocupan, sin embargo, el oficial Mayor Eduardo Ximénez de Sandoval Fregoso, frenó los convenios, señalando que en algunos días más quitarían las antenas y asunto arreglado, deslindándose de los daños que han provocado a la propiedad durante tantos años”.
Mencionaron que ellos cuentan hasta con un acta notarial, donde se establece que su propiedad está invadida por la SSPC, además de un expediente bastante completo sobre las minutas de las reuniones que se habían establecido, para resarcir los daños en propiedad ajena, mismos que ascienden a una cantidad considerable, dados los años y la extensión del terreno que son mil 300 metros cuadrados.
Finalmente, señalaron que los abusos que esta administración pretende realizar con esta situación, está muy lejos de los discursos que repiten constantemente de que no permitirán más corrupción contra la ciudadanía, por lo que piden la intervención del gobernador Salomón Jara, para que sus subalternos respondan por los daños causados a su propiedad.