Redacción
La prepotencia con la que ahora se maneja la otrora víctima María Elena Ríos Ortiz, obedece únicamente a las grandes cantidades de dinero que ha recibido del estado, pero quiere más: los 85 millones de pesos que una autoridad fijó como “reparación del daño”, sin las pruebas suficientes y a través de la presión social ejercida por la saxofonista y su abogada.
Y es que luego de darse a conocer los videos que muestran la verdadera actitud de Ríos Ortiz, ante las autoridades que ella llama “corruptas”, a pesar de ser la única víctima a la que el Gobierno del Estado le ha pagado costosos tratamientos y le ha brindado jugosos “convenios” que cobra mes con mes, ahora se exhiben también los pagos que ha recibido su abogada Diana Cristal González Obregón.
Cuatro años son los que ambas mujeres se han beneficiado del erario público, ya que nuevamente son las redes sociales las que muestran las facturas que han cobrado, aunque González Obregón ha repetido muchas veces que ella no ha cobrado “ni un solo centavo” por defender a la saxofonista. La realidad es que nadie trabaja de a gratis.
Los documentos mostrados, van de cantidades desde los 116 mil pesos, 290 mil, 348 mil, hasta un millón 160 mil pesos, todos emitidos a nombre de Diana Cristal González Obregón. Además de facturas que pagó el Sector Salud por la rehabilitación de la saxofonista en distintas clínicas privadas y oficiales de la capital del país, que suman otros dos millones de pesos.
Los millonarios recursos públicos le han sido entregados a María Elena Ríos en su calidad de víctima, han incluido además a sus familiares, tal es el caso de su hermano Carlos Ríos, un criminal que tiene orden de aprehensión por homicidio calificado y para el que también exige una indemnización.
La motivación económica en el caso de María Elena Ríos se confirma con la solicitud de 85 millones de pesos que la saxofonista ha pedido como “reparación del daño integral”, a pesar de que son endebles las pruebas que mantienen en la cárcel a su presunto victimario.
Tan endebles que ha emprendido una campaña mediática para desacreditar a jueces, magistrados y hasta el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, para presionarlos a que fallen a su favor.