Redacción
Organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca entregaron el informe ciudadano “Entre el PRI y Morena: retrocesos, impunidad y simulación”, en la que establecen que “la falta de voluntad política ha sido el principal obstáculo para enfrentar la grave situación por la que atraviesa el estado, ya que la paz, es solo una narrativa gubernamental y parte de la simulación”.
En conferencia con medios de comunicación, organismos como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Centro de Apoyo para le Educación y Creatividad Calpulli, Servicios para una Educación Alternativa y la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI Capítulo-Oaxaca), concluyeron que actualmente persiste la “continuidad entre las administraciones priistas y morenistas”.
Señalaron que, pese a que existió una alternancia política a nivel federal y estatal entre el PRI y Morena, en Oaxaca se han profundizado las violaciones a los derechos humanos, aunado a que persisten retrocesos, simulación, omisión, negligencia, corrupción y falta de autonomía de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sintetizaron que en “este último periodo, desde el 2018, existió una alternancia política a nivel federal y el último año a nivel estatal, sin embargo y pese a la retórica del Estado, se han profundizado las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca”.
En el documento se resalta que existe una grave falta de transparencia y de priorización de los derechos humanos en la asignación presupuestaria, ya que “encontramos una profunda discordancia entre el discurso oficial y la asignación real, es efectivamente imposible saber en qué acciones se ejecutan los montos asignados, por ejemplo, a la política transversal de igualdad de género.
“Desde hace 15 años advertimos a la ONU que la situación en materia de derechos humanos se agudizaría debido a problemas estructurales: la política de militarización, la legislación neoliberal, el machismo que permea las estructuras del Estado, la falta de reconocimiento de derechos hacia pueblos indígenas, mujeres e infancias, la impunidad, las violencias en contra de quienes defienden derechos humanos y libertad de expresión y la falta de voluntad política han conducido a una crisis sistemática en materia de derechos humanos”.
Denunciaron que la violencia feminicida sigue en aumento, ya que se registró en el periodo de 2018 a 2022 un incremento del 126% en feminicidios y de 131.7% en desapariciones de niñas y mujeres tan solo en el 2021.
Asimismo se agravó de manera alarmante las agresiones contra personas defensoras, documentándose 47 asesinatos (2018-2023), ubicando a Oaxaca como el más letal para la defensa de derechos humanos.
Finalmente destacaron que la mayoría de personas defensoras asesinadas pertenecía a un pueblo indígena y defendía la tierra y el territorio, además de los asesinatos se encuentra la privación ilegal de la libertad como una práctica para disuadir procesos de defensa tal es el caso del defensor Pablo López Alavez, defensor zapoteco privado de su libertad injustamente.
“La impunidad es el mayor agravio del Estado. El sistema de justicia se caracteriza, en este periodo, por falta de independencia, dilación, corrupción, negligencia y falta de personal especializado”.