Por Jesús Blancornelas Jr
Mientras miles de mujeres alzan la voz para exigir justicia por las víctimas de desapariciones y feminicidios, otro caso de impunidad estremece a Oaxaca. Lizbeth Victoria Huerta, expresidenta municipal de #Nochixtlán, quedará en libertad tras cuatro años en prisión, acusada como autora intelectual de la desaparición y asesinato de #ClaudiaUruchurtu. En un nuevo golpe a la confianza en el sistema judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca deberá reponer el juicio tras detectarse irregularidades en la sentencia.
Lizbeth Victoria Huerta fue detenida en 2020, señalada por su participación en la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, cuyo caso se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad y la violencia en Oaxaca. Sin embargo, la noticia de su liberación ha generado indignación en una sociedad que ve cómo el dolor de las víctimas es ignorado por un sistema judicial que parece privilegiar a quienes tienen conexiones políticas.
Durante el foro “Encrucijada de la justicia, el caso de Claudia Uruchurtu Cruz y los desaparecidos de Zapotengo”, organizado en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Elizabeth Uruchurtu, hermana de Claudia, informó que un juez federal ordenó la reposición del juicio tras ganar el amparo que presentaron cuando la sentencia original fue alterada a último momento, cambiando el delito y reduciendo la pena de la ex-presidenta municipal.
Esta alteración, que benefició a Huerta, es vista como una maniobra más para garantizar su impunidad. Mientras tanto, las familias de las víctimas, al igual que los colectivos feministas y de derechos humanos, siguen demandando que se respeten los procesos judiciales y que no se manipulen las sentencias para proteger a los amigos del poder.
El Amparo del Poder y la Doble Vara de la Justicia
Lizbeth Victoria Huerta no es solo una funcionaria más acusada de un grave delito; es amiga y protegida del gobernador Salomón Jara Cruz, quien ha defendido públicamente su inocencia. Esta cercanía pone en entredicho la imparcialidad del proceso y expone cómo el sistema judicial puede ser usado para beneficiar a quienes cuentan con respaldo político, incluso en casos tan delicados como el de la desaparición de Claudia Uruchurtu.
Mientras tanto, otros casos como el de Juan Vera Carrizal, acusado de intento de feminicidio, se mantienen en espera de resoluciones definitivas. La percepción general es que la justicia en Oaxaca sigue aplicándose con una doble vara, favoreciendo a quienes están conectados y dejando a las familias de las víctimas en la incertidumbre.
Resulta doloroso y preocupante que los colectivos feministas y de derechos humanos no se pronuncien con mayor fuerza ante este caso, especialmente cuando se trata de una mujer desaparecida cuya historia resuena en la lucha diaria por justicia y dignidad. El silencio en estos momentos no solo es cómplice, sino que también invisibiliza a Claudia y a todas las mujeres que siguen esperando ser encontradas.
La reposición del juicio ordenada por un juez federal debe verse como una oportunidad para corregir el camino y garantizar que la justicia se imponga sin favoritismos. Sin embargo, esto no será suficiente si las organizaciones y la sociedad civil no exigen con firmeza un proceso limpio, transparente y sin intromisiones políticas.
La liberación de Lizbeth Victoria Huerta y la necesidad de reponer su juicio son un recordatorio crudo de que la lucha por la justicia no puede detenerse. Cada paso en falso del sistema judicial es un nuevo golpe para quienes buscan a sus seres queridos y para quienes no dejan de alzar la voz por las mujeres desaparecidas.
La historia de Claudia Uruchurtu y el caso de la ex-presidenta de Nochixtlán no deben caer en el olvido ni convertirse en un mero expediente. Es imperativo que se escuchen las voces de quienes exigen justicia, que se respeten los derechos de las víctimas.