Redacción
Luego de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realizara un cateo y asegurara un edificio localizado en el centro de la capital, argumentando que en el lugar pudieran llevarse a cabo actividades o su ocupación de manera ilícita, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), señaló que nada en este lugar, está fuera de la ley.
Ante presuntos datos de prueba, que fueron calificados como suficientes para realizar el cateo en dicho inmueble, este fue asegurado, señalando además que es propiedad del Gobierno del Estado, por lo que testigos de esta acción establecieron que eran delitos inventados para poder hacerse del edificio localizado en la calle de Guerrero número 406, en el Centro Histórico.
Los dichos fueron ratificados horas más tarde, cuando en redes sociales se dio a conocer que el inmueble había sido entregado al área de Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca, cuyo director, Ulises Caballero Navarro, ‘casualmente’ es hermano de la nuera del gobernador Salomón Jara, Tania Caballero. “Fue una revancha política porque quieren quedarse con el edificio”, subrayaron.
Por su parte, la CNOP señaló que los trámites de la posesión y propiedad legal del inmueble están apegados a la ley y que todos los trámites realizados han sido a nombre del Sector Popular del PRI en Oaxaca, antes llamado Frente Estatal de Organizaciones y Ciudadanos.
“Para ello se cuenta con la escritura en regla a nombre de este Sector desde el 8 de febrero de 1995, asentada en el volumen número 17 del instrumento notarial número 1345, del notario público número 75 del Estado de Oaxaca, además de todos los pagos de servicios municipales”, subrayó en un comunicado.
Asimismo, resaltó que ningún trámite está a nombre de particulares y que el edificio fue adjudicado al Sector Popular del PRI mediante un juicio de jurisdicción voluntaria de información de dominio, iniciado el 28 de noviembre de 1994.
“A raíz de ese proceso legal, se dictó sentencia en el expediente 1315/1994, radicado en el Juzgado 1 de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, donde se ordenó, por medio de sentencia ejecutoriada, la protocolización del expediente y la escritura de adjudicación. Este inmueble ha sido casa del pueblo y del Sector Popular priista por más de 50 años”.
Finalmente se estableció que, ante el aseguramiento del inmueble del Sector Popular del PRI, seguirán en la ruta legal, con pleno respeto de las leyes y de las resoluciones de las instancias de procuración y administración de justicia.