Malas noticias para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó este martes por unanimidad, la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para evitar que el ministro Javier Laynez Potisek lleve el caso de las impugnaciones por la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El máximo tribunal señaló a través de un comunicado que dicho ministro no se encuentra impedido para dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 214/2023 interpuesta por el bloque opositor en el Senado de la República.
“Por estas razones, yo no me considero impedido; me parece que no procede el impedimento; además, yo no considero, en absoluto afectada la objetividad”, señaló. Por su parte, la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, apoyó esta postura y resolvió el asunto en menos de cuatro minutos.
Y es que el pasado 17 de noviembre, la titular de la CJEF manifestó su rechazo de que la SCJN haya turnado el caso de las impugnaciones por la extinción de 13 fideicomisos.
“Vengo a solicitar que el ministro Javier Laynez Potisek se excuse para conocer de la acción de inconstitucionalidad señalada al rubro”, se lee en un documento firmado por María Estela Ríos, quien recientemente fue propuesta por AMLO, en la terna para ocupar el lugar que dejó hace unos días Arturo Zaldívar en la Suprema Corte.
Sin embargo, en la solicitud de la Presidencia no se especificaron los motivos que consideraron para pedir que Laynez Potisek no sea quien decida la admisión y posterior elaboración del proyecto.
Cabe recordar que, a principios de 2023, Laynez fue el encargado de suspender por tiempo indefinido la aplicación de la reforma electoral que impulsó López Obrador, conocida como “Plan B”.
La 4T vs el Poder Judicial
El objetivo de desaparecer 13 fideicomisos del PJF, es que el Gobierno Federal se ahorre en conjunto 15 mil 434 millones de pesos.
Legisladores de la autollamada Cuarta Transformación (4T) argumentaron que esta medida es para recortar los “privilegios” de la Primera Sala de la SCJN, y con ello destinar los recursos supuestamente a obras públicas y programas sociales.
Enfatizaron que, si otros poderes como el Ejecutivo y el Legislativo se han ajustado el cinturón, los ministros tienen que seguir el mismo ejemplo y “dejar de vivir como magnates”.
Infobae