Redacción
Secretario de Gobierno “pollero”, manda a migrantes en autobuses; los detienen en Veracruz
Redacción
Una vez más, las estrategias de la Secretaría de Gobierno (Sego), encabezada por Jesús Romero López, salen mal, ante la falta de oficio y sensibilidad política del dirigente social convertido en secretario, al que el tema de los migrantes se le salió de las manos.
Al no saber cómo manejar la situación de los miles de migrantes integrantes de la caravana “Éxodo de la pobreza” y para no permitir que pasaran por la capital oaxaqueña, Romero López puso autobuses a disposición para trasladarlos del Istmo de Tehuantepec a Tierra Blanca, Veracruz, sin embargo, más de 400 de ellos fueron retenidos en la Estación Migratoria de Acayucan, donde los mantienen en presunto resguardo.
Fueron 20 autobuses de la línea Transporte Istmeños que el Gobierno de Oaxaca contrató, y que fueron detenidos por corporaciones policiacas veracruzanas, 10 en Tierra Blanca, y 10 en Acayucan, quienes además detuvieron a los choferes por presuntamente realizar tráfico de indocumentados, ya que la Sego no comunicó dicho traslado.
Ante ello, familiares de los choferes detenidos, realizaron un bloqueo en el entronque del Canal 33 en Juchitán de Zaragoza, para exigir que Romero López los ayude a quedar en libertad, al menos a 10 de ellos, ya que los demás, entre migrantes y choferes, decidieron regresar al Istmo.
Por su parte, el presidente de la Alianza del Autotransporte federal en el Istmo, Desiderio DeGyves, señaló que, ante la falta de respuesta del Gobierno del Estado en una primera instancia, son ellos los que están solventando la situación de los 10 choferes acusados de tráfico ilegal de migrantes.
“Consideramos que debe haber coordinación entre el gobierno del estado y el federal para tratar el asunto de los migrantes, se requiere buen oficio para resolver este problema, porque el requerimiento que solicitó el Gobierno de Oaxaca fue de manera urgente y no se hicieron los trámites de manera adecuada”.
Es decir, el traslado de los migrantes en autobuses que solicitó Romero López en la región del Istmo, no contaba con los permisos necesarios, ni había una coordinación entre los gobiernos de ambos estados, por lo que la situación que ahora enfrentan los 10 choferes, es por un delito federal.