Redacción
En una situación sin precedentes, a unas semanas de llevarse a cabo la jornada electoral en México, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) está en crisis, ante la revuelta interna por la remoción de su consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González, a quien ahora le han impuesto prisión preventiva domiciliaria.
Luego de haber sido inhabilitada por un año, tras la sentencia que determinó el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca (TJACCO), derivado de la investigación que realizó la Contraloría del IEEPCO, por presuntas irregularidades en la aplicación de 19 millones de pesos, ahora una nueva sentencia la deja sin acceder a cargos del servicio público por tres años.
En esta nueva determinación, la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) determinó que Elizabeth Sánchez González, representa “un riesgo alto para la sociedad” y como medidas cautelares se le ha impuesto prisión preventiva. El juez Jorge Armando Toledo Félix, le dictó arraigo domiciliario y suspensión del cargo.
Ante ello, mediante un comunicado emitido en sus redes sociales, la exfuncionaria dijo que dichos procedimientos administrativos en su contra, afectan sus derechos y ponen en riesgo la estabilidad del órgano electoral encargado de organizar el Proceso Electoral 2023-2024 en Oaxaca.
“Son ataques llenos de vicios jurídicos y procedimentales. Por esas razones, denuncio públicamente al Encargado de Despacho de la Contraloría General del IEEPCO, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, quien ha iniciado una persecución administrativa y política en mi contra desde 2023.
“Denuncio también la utilización a modo del TJACCO, al obstruir el ejercicio de mis derechos politico electorales. Salvador Cruz Rodríguez ha intentado en cuatro ocasiones removerme del cargo de Presidenta del Consejo General del lEEPCO”, señaló.
Mencionó que se le han vejados sus derechos y la posibilidad de defensa con diversas argucias, sin permitirle agotar los recursos jurídicos que la constitución y los tratados internacionales le otorgan. “La unidad de medidas cautelares determinó que yo represento un riesgo alto para la sociedad, los testigos y la víctima, que curiosamente es el Contralor”.
Finalmente, sostuvo que estos actos afectan el desarrollo del proceso electoral ordinario en curso, ya que, a 36 días de la jornada electoral, persiste un empeño en poner en riesgo los derechos político electorales de la ciudadanía oaxaqueña.